El golpe militar en Chile, el 11 de septiembre de 1973, se configuró como la primera experiencia represiva en el Cono Sur, con la clara intención de llevar adelante un exterminio sistemático de cualquier oposición política que pusiera en duda la hegemonía de los Estados Unidos en la región. Hoy, es el modelo político ideal de quienes levantan la bandera del consenso y la unidad nacional encubriendo las desigualdades sociales con discursos de tolerancia e integración. Aquel 11 de Septiembre, el General Augusto Pinochet, comandante de las fuerzas armadas, ponía a rodar en Chile los planes concebidos desde el corazón mismo de los Estados Unidos en acuerdo con los sectores de poder locales.Ese día, las fuerzas armadas, como representantes y parte de los sectores oligárquicos, derrocaron al gobierno constitucional. La gestión encabezada por Salvador Allende fue el primer intento de la construcción del socialismo a través de las elecciones democráticas y había reanudado la relación con la bloqueada Cuba y demás países socialistas. Durante los mil días de gobierno de la Unidad Popular se avanzó en la reforma agraria, en la nacionalización del cobre y de la banca privada, en la creación de la denominada área de propiedad social, que implicaba la adquisición por parte del Estado de las 100 empresas más importantes del país, entre otras medidas.El golpe de Estado orquestado por el entonces presidente estadounidense, Richards C. Nixon, junto al halcón Henry Kissinger, fue el primero de una serie de alzamientos militares que se extendería a toda Latinoamérica. El golpe en Chile resultó una experiencia de avanzada, desde donde, una vez consolidado el régimen de facto, propagar la doctrina de seguridad nacional hacia todo el continente. Esta doctrina encontró en el país trasandino la probeta donde ensayar la sistematización del secuestro y desaparición de personas como plan resolutivo de la disputa política a nivel regional. El gobierno republicano de Estados Unidos no podía permitir perder el control en el sur y centro del continente ante el surgimiento de alternativas populares con capacidad de disputar poder a los sectores hegemónicos. Los golpes militares garantizaron, además, la implementación de un nuevo modelo productivo en toda la región. Los que hasta ese momento eran países con un importante desarrollo industrial, modificaron su patrón productivo, retornando al rol clásico de los países periféricos. Bajo el lema de abrirse a nuevas inversiones, se fueron consolidando nuevamente la exportación de materias primas y la importación de bienes de consumo, lo que generó una inmediata reducción de los salarios reales y por lo tanto una creciente marginalidad social. Chile como experimento democráticoContrariamente a lo que conciben muchos sectores políticos en Argentina y en el continente, el caso chileno puede demostrar el error de concebir de manera homogénea la orientación política surgida una vez agotado el modelo neoliberal en nuestra región. El vecino país puede analizarse como un modelo consolidado tras años de experimentación política basada en la tolerancia y el diálogo entre diversas fuerzas políticas.El actual gobierno de Michelle Bachelet, heredero de la también “socialista” administración de Julio Lagos, ganó las elecciones a partir de una fuerte campaña en la que exaltaban la pertenencia de varios de sus principales figuras, incluso la actual presidente, a formaciones política ilegalizadas o perseguidas por la dictadura militar. Otro de los ejes de la campaña fue la continuidad de la concertación de todas las fuerzas políticas encabezada por su antecesor. Esta política, que implica el consenso entre sectores políticos hasta hace poco supuestamente antagónicos, es el camino que hoy promueve Washington para el Cono Sur, ante el peligro de gobiernos progresivos y con posibilidades reales de cambio como es el caso de la Venezuela.En este sentido, se puede observar que al día de hoy no se han registrado importantes cambios en la política exterior chilena, ya que mantiene una alianza estratégica con Estados Unidos. Echando una mirada hacia la política interior, tampoco se ve demasiado compromiso para generar cambios en las condiciones generales de la población.Desde la asunción de Bachelet, el conflicto social se ha ido regenerando en diversos sectores. Sin solución para el reclamo estudiantil de democratización de la educación, se inclinó más por la detención compulsiva de “pingüinos” que por abrir canales de diálogo válidos y sostenidos. En las últimas semanas se han registrado un centenar de detenciones tras enfrentamientos entre las fuerzas represivas del Estado y los pobladores de los barrios periféricos de Santiago. Estos vienen reclamando mejoras edilicias de los asentamientos, pavimentación, el acceso al sistema sanitario, entre otras reivindicaciones. También esta última semana se realizaron manifestaciones y huelgas de diferentes sectores de los trabajadores públicos, como profesores, enfermeros, etc, en reclamo de mejores salarios.Con respecto a la política de derechos humanos, por un lado el gobierno se proclama víctima del terrorismo de Estado pero hace la vista gorda, cuando no promueve, a las constantes persecuciones, detenciones y torturas al pueblo mapuche en el sur de país. En relación a este tema tampoco ha habido grandes avances en el plano institucional ya que pareciera que la cadena de responsabilidades comienza y termina en la figura de Augusto Pinochet.Al cumplirse 33 años del derrocamiento de Salvador Allende, se extiende el clima de agitación. En el correr de la semana pasada, solamente en Santiago se produjeron ataques incendiarios contra bancos de intereses norteamericanos, iglesias castrenses y diferentes símbolos pinochetistas, que presagian una semana caliente.
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