El Dr. Ignacio Alvarez, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, instó a las autoridades uruguayas a dar "pronta consideración" al proyecto de ley que reconoce a las radios y televisoras comunitarias para cubrir una carencia de su legislación.
Luego de la visita realizada a Uruguay entre los días 13 y 16 de diciembre por invitación oficial del gobierno de Tabaré Vázquez, en su informe oficial el Relator afirma que el proyecto denominado Utilización del Espectro Radioeléctrico y Medios Comunitarios de Radiodifusión que está a estudio del Parlamento "incorpora estándares internacionales en esta materia", lo que significa un explícito y fuerte respaldo a su contenido.
La Relatoría da cuenta de información recibida durante su visita respecto a la existencia de "un número importante de radios que actúa al margen de la legalidad" pero cuya "mayoría se autodenomina 'comunitaria' sin serlo". Al mismo tiempo afirmó que hay otras "que tienen la naturaleza de comunitarias y que tienen una legítima aspiración a poder regularizarse".
Mencionando la importancia que estos medios tienen para el acceso y participación del sector pobre de la población, recomendó al Estado "que instrumente acciones legislativas y administrativas en relación con la situación planteada. Ello incluye adoptar legislación que establezca hacia el futuro concursos abiertos, públicos y transparentes para la asignación de frecuencias radioeléctricas".
Según el Dr. Ignacio Alvarez, este nuevo marco regulatorio deberá tener en cuenta "criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos" en la asignación de estas frecuencias y afirmó que "parte del espectro debería estar destinado a radios comunitarias". A este respecto y en sintonía con las mejores prácticas mundiales, el proyecto de ley a estudio del Parlamento establece una reserva del espectro radioeléctrico en todas las bandas de radiodifusión para los medios comunitarios y otros no comerciales.
La pronta aprobación de una ley que reconozca a las "verdaderas radios comunitarias" sería, para Alvarez, el mejor camino para evitar los abusos constatados ante la existencia, incluso, de radios comerciales que funcionan ilegalmente. En estas condiciones y luego de la promulgación de un marco legal no discriminatorio y compatible con el Pacto de San José de Costa Rica, estima que "en el plano administrativo" las autoridades estarán en condiciones de dar cumplimiento a esta legislación para que no existan radios ilegales.
Para ser compatible con los estándares interamericanos en derechos humanos se debe definir "apropiadamente" el concepto de radio comunitaria. Según la Relatoría para la Libertad de Expresión, "deben tenerse en cuenta criterios mínimos que incluyan: a) su finalidad social, de servicio a comunidades geográficas o de intereses; b) su carácter de entidades sin fines de lucro; y c) su independencia operativa y financiera tanto del Estado como de empresas comerciales".
Gustavo Gómez
Luego de la visita realizada a Uruguay entre los días 13 y 16 de diciembre por invitación oficial del gobierno de Tabaré Vázquez, en su informe oficial el Relator afirma que el proyecto denominado Utilización del Espectro Radioeléctrico y Medios Comunitarios de Radiodifusión que está a estudio del Parlamento "incorpora estándares internacionales en esta materia", lo que significa un explícito y fuerte respaldo a su contenido.
La Relatoría da cuenta de información recibida durante su visita respecto a la existencia de "un número importante de radios que actúa al margen de la legalidad" pero cuya "mayoría se autodenomina 'comunitaria' sin serlo". Al mismo tiempo afirmó que hay otras "que tienen la naturaleza de comunitarias y que tienen una legítima aspiración a poder regularizarse".
Mencionando la importancia que estos medios tienen para el acceso y participación del sector pobre de la población, recomendó al Estado "que instrumente acciones legislativas y administrativas en relación con la situación planteada. Ello incluye adoptar legislación que establezca hacia el futuro concursos abiertos, públicos y transparentes para la asignación de frecuencias radioeléctricas".
Según el Dr. Ignacio Alvarez, este nuevo marco regulatorio deberá tener en cuenta "criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos" en la asignación de estas frecuencias y afirmó que "parte del espectro debería estar destinado a radios comunitarias". A este respecto y en sintonía con las mejores prácticas mundiales, el proyecto de ley a estudio del Parlamento establece una reserva del espectro radioeléctrico en todas las bandas de radiodifusión para los medios comunitarios y otros no comerciales.
La pronta aprobación de una ley que reconozca a las "verdaderas radios comunitarias" sería, para Alvarez, el mejor camino para evitar los abusos constatados ante la existencia, incluso, de radios comerciales que funcionan ilegalmente. En estas condiciones y luego de la promulgación de un marco legal no discriminatorio y compatible con el Pacto de San José de Costa Rica, estima que "en el plano administrativo" las autoridades estarán en condiciones de dar cumplimiento a esta legislación para que no existan radios ilegales.
Para ser compatible con los estándares interamericanos en derechos humanos se debe definir "apropiadamente" el concepto de radio comunitaria. Según la Relatoría para la Libertad de Expresión, "deben tenerse en cuenta criterios mínimos que incluyan: a) su finalidad social, de servicio a comunidades geográficas o de intereses; b) su carácter de entidades sin fines de lucro; y c) su independencia operativa y financiera tanto del Estado como de empresas comerciales".
Gustavo Gómez
Director Programa de Legislaciones y Derecho a la ComunicaciónA
MARC-ALC
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